El embajador argentino en Madrid Abel Posse aseguró este lunes que pidieron a las autoridades la "inmediata libertad" de los ciudadanos.

Al ser consultado respecto de los convenios existentes entre la Argentina y España para no expulsar a los ilegales, el embajador dijo que España "de hecho no expulsa (a los argentinos), omite aplicar la ley con todo rigor, ya que hay compatriotas que hace años que están" sin los papeles en regla.

Ante la inminencia de una nueva legislación promovida por la Comunidad Europea, "más dura" según el embajador, se encaró una "importante" negociación para que "dentro de la estructura legal española" se puedan presentar los casos argentinos, explicó.

En ese sentido, expresó que no se trata de un pedido de "excepcionalidad" para la Argentina, pero como el país ha vivido una crisis "pavorosa" que obligó a muchos connacionales a probar suerte en otros países, se los quiere apoyar.

Desde Madrid, Carlos Slepoy, un abogado argentino que atiende casos de inmigrantes, recordó el reciente consenso al que llegaron los cancilleres de Argentina y España al finalizar la visita del presidente Néstor Kirchner a Madrid en enero (que suspendían las expulsiones de argentinos ilegales); además de la existencia de viejos tratados que permiten a los argentinos trabajar y vivir en tierras ibéricas.

El viernes último, ambos ministerios emitieron un comunicado en el que expresaban la "voluntad de apoyar y potenciar la inmigración legal", en base a los acuerdos que menciona Slepoy, quien en diálogo con Terra se quejó este lunes de que esa misma declaración "no se dice nada en concreto y hay formulaciones muy vagas", como que el gobierno argentino informará los requisitos para radicarse en España.

Según el letrado, la semana pasada también se acordó que en los próximos días vuelva a España una delegación de funcionarios argentinos y que se avance en un censo de argentinos en ese país, "algo insuficiente y que puede construirse en un monstruo burocrático".

Los argumentos en los que se basan especialistas como Slepoy surgen de los tratados bilaterales en materia de inmigración que, según aseguran, tienen más jerarquía que las leyes de la comunidad europea. Además existen fallos de tribunales que razonan en esa línea.

El Gobierno de José María Aznar -metido de lleno en la campaña para las elecciones presidenciales del 14 de marzo próximo- reconoce la arquitectura jurídica, pero teme que un blanqueo de los argentinos en Madrid (se calcula que son unos 90.000) precipite un pedido masivo de inmigrantes de otros países.

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