La iniciativa, ya girada a la Cámara de Diputados, parece dirigida a la proliferación en los últimos años de los locales instalados por chinos y coreanos recién llegados a la Argentina. Además de exigir la residencia, establece que "los peticionantes deberán contar indefectiblemente con DNI para extranjeros, certificado de radicación y la ciudadanía argentina debidamente otorgada y definitiva para ejercer la titularidad del comercio, no aceptándose ninguna documentación provisoria".

A estos requisitos se suma "una declaración jurada de compromiso con firmas certificadas de permanecer en el país ejerciendo el comercio lícito un lapso mínimo de cinco años".

El autor del proyecto es el ex senador justicialista Raúl Lamacchia, quien también propuso que ante casos de "venta por debajo del costo, comercialización de productos de dudoso origen, falta de higiene, incumplimiento de normas bromatológicas, violación de fechas de vencimiento en los productos" y problemas similares donde el infractor sea un comerciante extranjero, "el Poder Ejecutivo de la Provincia queda facultado expresamente para promover a través de quien corresponda las acciones legales pertinentes y solicitar a las autoridades nacionales la extradición".

Hace dos años, un proyecto similar pero referido al municipio de La Plata, había generado una fuerte reacción diplomática.


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